Por Quintella Griffin, redactora jurídica | Opinión y análisis documental | Parte 1 de 2
«No se ha presentado la notificación».
Esas cuatro palabras en el informe de un examinador de sucesiones son fundamentales en una disputa sobre una vivienda en Oakland, una transferencia de propiedad ordenada por el tribunal y la cuestión de si una ocupante recibió la notificación legalmente requerida antes de que el juez emitiera su fallo.
El caso involucra la sucesión de Laura Dean Head, una propiedad ubicada en el 3614 de Randolph Avenue y a Zakiya Jendayi, cuyo nombre no figuraba en la lista de personas notificadas sobre una petición para transferir la propiedad al patrimonio sucesorio.
El 8 de octubre de 2025, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Alameda, Sandra Bean, firmó una orden declarando que se habían realizado todas las notificaciones requeridas. La orden estableció la propiedad como un activo del patrimonio y autorizó las escrituras de transferencia.
Sin embargo, los registros judiciales plantean dudas sobre dicha conclusión.
El nombre ausente
El 6 de agosto de 2025, Phillip Campbell, administrador especial de la sucesión, solicitó al tribunal que declarara la vivienda como un activo del patrimonio.
La lista de notificaciones de la petición identificaba a las hermanas de Head y a su abogado, pero omitía a Jendayi.
Un comprobante de envío postal del 22 de agosto enumeraba a Daniel Leahy, Della Hamlin y Helaine Head como destinatarios. Jendayi nuevamente estaba ausente.
El 19 de septiembre, un examinador de sucesiones señaló una deficiencia, registrando la observación «No se ha presentado la notificación» en el apartado de cuestiones de notificación y procedimiento. No obstante, la orden de octubre de la jueza Bean afirmaba que «todas las notificaciones de la audiencia se han realizado según lo exige la ley».
La discrepancia plantea una pregunta fundamental: ¿se cumplieron los requisitos de notificación cuando los registros de entrega omitieron a una ocupante?
Lo que exige la ley de California
La Sección 851 del Código de Sucesiones de California exige que las peticiones relacionadas con ciertas disputas de propiedad, junto con las notificaciones de audiencia, se entreguen a personas específicas —incluidos los ocupantes de la propiedad— al menos 30 días antes de la audiencia.
La norma no limita dicha protección únicamente a los ocupantes legales.
La Sección 1000 del Código de Sucesiones también establece que se apliquen las normas de procedimiento civil, salvo que se especifique lo contrario. Campbell argumentó que Jendayi no tenía derecho a recibir notificación, ya que se había invalidado el fideicomiso que previamente le otorgaba un interés beneficiario.
De la orden judicial a la transferencia de la propiedad
El 9 de diciembre de 2025, mediante una escritura de transmisión, la propiedad pasó de Campbell —en su calidad de fideicomisaria sucesora del fideicomiso en vida de Head— a Campbell como administradora especial de la sucesión.
La transferencia se realizó entre cargos fiduciarios y no constituyó una compra a título personal; supuso el paso de la propiedad de manos del fideicomiso a la administración de la sucesión.
El 24 de julio de 2026, Jendayi solicitó que se dejara sin efecto la orden dictada por el juez Bean. Campbell se opuso a la petición, alegando la invalidez del fideicomiso.
Quedaba pendiente determinar si el mero hecho de ocupar la propiedad activaba las protecciones legales relativas a la notificación.
Otro juez revisa el caso
El 8 de septiembre de 2026, la jueza Stephanie Sato emitió un fallo provisional concluyendo que la referencia a la posesión contenida en la Sección 851 no se limitaba a la posesión «legal» o «legítima».
Sato determinó que Jendayi tenía derecho a recibir notificación, trámite que Campbell había omitido. Asimismo, dictaminó provisionalmente que la orden emitida por Bean en octubre era nula y susceptible de ser anulada.
Tras dicho fallo, Campbell impugnó la asignación de la jueza Sato y solicitó que el caso volviera a manos del juez Bean.
La disputa persistía sin resolverse, planteándose dudas sobre si se había omitido la notificación obligatoria antes de la transferencia de la propiedad.
En la segunda parte: Después de que una jueza dictaminara provisionalmente la nulidad de la orden sobre la propiedad, la administradora de la sucesión impugnó su asignación al caso. Un tribunal de apelaciones intervino, planteando interrogantes sobre la reasignación judicial y la rendición de cuentas.
El caso corresponde a la sucesión de Laura Dean Head (*Estate of Laura Dean Head*), tramitado ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda con el número RP20066047. Los registros están disponibles a través del portal público eCourt del tribunal.
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