WASHINGTON, D.C. – Hoy, el senador Alex Padilla (demócrata por California), miembro de mayor rango del Comité de Reglas y Administración del Senado, y el congresista Joe Morelle (demócrata por Nueva York-25), el demócrata de mayor rango en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, enviaron una carta conjunta de supervisión al fiscal general adjunto interino, R. Trent McCotter. Esto ocurre después de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentara una demanda contra el secretario de Estado de California y el funcionario encargado del registro electoral y archivo del condado de Los Ángeles, sin base legal ni pruebas. La demanda pretendía impedirles procesar las boletas enviadas a una lista de votantes supuestamente “probablemente” inelegibles, y amenazaba a los funcionarios electorales con acciones penales.
En el pasado, afirmaciones similares por parte de la administración Trump —basadas en listas que supuestamente identificaban a votantes inelegibles— resultaron ser exageradas o falsas, e incluso incluían a muchos votantes estadounidenses que sí cumplían con los requisitos. Los comités en los que participan Padilla y Morelle tienen jurisdicción sobre las elecciones federales en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
“El Departamento debe servir a los intereses de los estadounidenses; no debe actuar bajo la dirección personal y política del presidente, ni promover los intereses partidistas de una formación política”, escribieron los legisladores.
El propio Departamento de Justicia ha reconocido que las listas de supuestos no ciudadanos, elaboradas por la administración Trump, carecen de fiabilidad. Si bien las acusaciones del Departamento de Justicia son totalmente especulativas, imponen cargas innecesarias a California en pleno proceso electoral, lo que obligaría a los funcionarios estatales a infringir la ley federal. La intención del Departamento de Justicia es clara: socavar la confianza pública en los resultados de las elecciones en California para alimentar la disputa infundada del presidente Trump contra un estado que lo ha rechazado en tres ocasiones. «Esta es la segunda vez en menos de cuatro meses que el Departamento responde a las exigencias públicas del presidente de interferir en un proceso electoral en curso en California; se trata de un uso indebido flagrante de los recursos del Departamento y de un abuso de su autoridad… El intento del Departamento de privar masivamente de su derecho al voto a miles de ciudadanos estadounidenses, sin prueba alguna de que alguno de ellos no cumpla con los requisitos, constituye una clara violación del derecho constitucional federal al voto que asiste a los californianos. El derecho al voto, por supuesto, también está consagrado en la Constitución de California», añadieron los legisladores.
En su calidad de miembro de mayor rango del Comité de Normas del Senado —y tras haber sido Secretario de Estado de California y máxima autoridad electoral de dicho estado—, Padilla ha luchado incansablemente por proteger nuestros procesos electorales y fortalecer el derecho al voto.
La semana pasada, Padilla exigió al Departamento de Justicia (DOJ) que se comprometiera a no incautar papeletas ni equipos de votación durante las elecciones de mitad de mandato.
El mes pasado, Padilla presentó la «Ley contra la Intimidación en las Elecciones» (Freedom from Intimidation in Elections Act), una iniciativa legislativa destinada a proteger a los votantes y al personal electoral frente a la intimidación y las amenazas de violencia en los centros de votación.
Asimismo, Padilla encabezó la respuesta del Congreso ante un impactante informe de un denunciante, según el cual agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) infringieron leyes estatales como parte de una «iniciativa ilegal sobre votantes». Padilla solicitó una investigación inmediata sobre la mala conducta de dicha agencia, la cual probablemente ha derivado en la creación de listas cuestionables de personas supuestamente no aptas para votar. Además, instó al Fiscal General de California a investigar las repercusiones que estas acciones podrían tener para los habitantes del estado.
También el mes pasado, Padilla reunió a algunos de los principales líderes sindicales del país para debatir cómo fortalecer nuestra democracia y movilizarse contra la interferencia electoral.
En agosto, lideró a 27 de sus colegas en el Senado para exigir a la administración Trump que pusiera fin a la depuración ilegal de los padrones electorales antes del día de las elecciones.
Padilla también se unió al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), para poner en marcha el primer Programa de Observadores Electorales del Senado, con el fin de proteger las elecciones de mitad de mandato de 2026 y preservar la integridad electoral en todo el país; además, forma parte del Grupo de Trabajo para la Protección Electoral de los demócratas en el Senado. Esta semana, Padilla anunció que más de 100 miembros del personal de los demócratas en el Senado han sido reclutados y capacitados como observadores electorales oficiales del Congreso, quienes serán desplegados en centros de votación de nueve estados. En junio, Padilla se unió a sus colegas para presentar la Ley de Protección de Nuestras Elecciones (Protect Our Polls Act), con el fin de salvaguardar la integridad de los comicios estadounidenses frente a la interferencia federal por parte de personal militar armado o de las fuerzas del orden federales.
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