WASHINGTON, D.C. — Hoy, el senador estadounidense Alex Padilla (demócrata por California), miembro de mayor rango del Subcomité de Inmigración del Comité Judicial del Senado, anunció la recepción de una nueva denuncia que alega que la Casa Blanca ordenó al director del FBI, Kash Patel, que la oficina del FBI en Los Ángeles abriera una investigación contra manifestantes únicamente por ejercer sus derechos amparados por la Primera Enmienda. El denunciante también alega que, en un incidente aparte, el entonces Fiscal General Adjunto Interino, Emil Bove, instruyó a la Oficina de Campo de Los Ángeles para que abriera una investigación sobre cualquier manifestante contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se manifestara en edificios federales de Los Ángeles, sin identificar ninguna actividad delictiva federal, amenazas reales o potenciales a la seguridad nacional, ni vulnerabilidad a tales amenazas.
“La libertad de expresión y de reunión están protegidas por la Primera Enmienda porque son fundamentales para nuestra democracia. Esta revelación del denunciante es profundamente alarmante. Señala a un Presidente y a funcionarios designados políticamente que continúan instrumentalizando el sistema de justicia contra supuestos enemigos, y alega que la dirección del FBI creía que estas directivas eran inconstitucionales, pero aun así las llevó a cabo. Investigaciones como esta socavan la Constitución, desvían recursos de delitos reales, ponen en riesgo carreras profesionales y envían un mensaje escalofriante a cualquiera que se oponga a esta Administración: podrían ser los próximos”, declaró el Senador Padilla. Agradezco al denunciante, y a cualquiera que se presente en el futuro, por denunciar los abusos de poder. Nuestra democracia es más grande que un solo hombre, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de sacar a la luz los abusos de poder y exigir responsabilidades a los líderes.
La información recibida por el senador Padilla afirma que:
Trump supuestamente ordenó al FBI investigar a los manifestantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.
Trump supuestamente vio un video de una protesta en Alhambra, California, que mostraba a “miembros de la comunidad en un barrio residencial usando megáfonos y otros dispositivos para alertar a los residentes sobre la presencia de agentes de inmigración, mientras les informaban de sus derechos legales y los animaban a no abrir sus puertas sin una orden judicial firmada”. Trump estaba “enojado por el incidente” y “quería que se investigara y arrestara a esos manifestantes”, a pesar de que los agentes del FBI concluyeron que las protestas “nunca cruzaron la línea de impedir el arresto ni de constituir una amenaza”. “El presidente quiere esta investigación” y “la orden debía cumplirse”, afirma la información.
En otra ocasión, a pesar de no existir evidencia aparente de amenaza, se ordenó a empleados del FBI que abrieran investigaciones contra manifestantes anti-ICE y CBP en edificios federales de Los Ángeles, basándose únicamente en su actividad amparada por la Primera Enmienda.
El denunciante, en su calidad de Analista Supervisor de Inteligencia en la Oficina del FBI en Los Ángeles, fue informado por la dirección de dicha oficina de que Bove había ordenado al personal del FBI que abriera una investigación contra cualquier manifestante anti-ICE y CBP que se manifestara en edificios federales de Los Ángeles. Esta directiva se emitió a pesar de la ausencia de información que indicara que los manifestantes representaban una amenaza para la seguridad nacional, habían participado en actividades delictivas o eran vulnerables a tales amenazas.
La dirección de la Oficina siguió las directivas de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el FBI debido a la presión política, a pesar de reconocer que era inconstitucional. De manera alarmante, cuando el denunciante planteó objeciones a la apertura de una investigación contra los manifestantes, la dirección afirmó que, aun sabiendo que el acto era inconstitucional, “se estaba llevando a cabo una investigación penal porque el Presidente quería que se investigara y arrestara a los manifestantes incluso después de que se determinara que sus acciones estaban protegidas por la Constitución”.
Posteriormente, la dirección de la oficina local le comunicó al denunciante que su puesto corría peligro si se negaba a participar en la investigación ilegal. El denunciante alega que sufrió represalias por su desacuerdo, incluyendo su destitución de su puesto de supervisión. Finalmente, el denunciante renunció al FBI antes de ser despedido.
El supervisor del denunciante también expresó “miedo a cuestionar las directivas de la dirección, incluso cuando creía que dichas directivas eran ilegales o inconstitucionales”, lo que subraya el efecto disuasorio que la instrumentalización del sistema judicial por parte de la Administración Trump ha tenido en el FBI. silenciar la disidencia.
Se desviaron recursos de misiones legítimas de seguridad pública para cumplir con la directriz inconstitucional de la Casa Blanca.
Además, el denunciante señala que se desviaron importantes recursos policiales de misiones fundamentales de seguridad pública para satisfacer el empeño de la Administración Trump en silenciar a sus detractores. Se reasignó a analistas de inteligencia y personal de investigación del FBI, y se desviaron recursos de asuntos en curso relacionados con el narcotráfico, los delitos violentos y el crimen organizado transnacional para apoyar investigaciones sobre protestas, sin que existieran pruebas de amenazas reales o potenciales a la seguridad nacional, actividades delictivas o vulnerabilidades ante tales amenazas que justificaran dicho desvío de recursos. Este desvío mermó la capacidad de la Oficina de Los Ángeles para centrarse en prioridades críticas de seguridad pública y seguridad nacional.
En respuesta a las contundentes acusaciones contenidas en la denuncia, Padilla exigió a Patel y al Fiscal General Todd Blanche que ofrecieran respuestas sobre la naturaleza de estas investigaciones, transparencia respecto a cualquier investigación posterior sobre manifestantes y documentos relacionados con dichas investigaciones.
«Durante sus comparecencias ante el Comité Judicial del Senado, prometieron que los casos se basarían únicamente en los hechos y en la ley, libres de interferencias políticas. Sin embargo, la denuncia presenta un panorama radicalmente distinto y plantea serias dudas sobre si se han iniciado otras investigaciones similares durante sus mandatos. La denuncia describe a un FBI y a un Departamento de Justicia dispuestos a vigilar a personas únicamente por ejercer actividades amparadas por la Primera Enmienda —como criticar a la Administración—, a instancias de la Casa Blanca y de leales a Trump, pasando por alto las objeciones de altos funcionarios y contraviniendo tanto la política de las agencias como la Constitución. Tales acusaciones suscitan graves inquietudes sobre el Estado de derecho bajo su liderazgo, el desvío de recursos de investigaciones penales en curso y el testimonio que ustedes prestaron bajo juramento ante el Congreso», escribió el senador Padilla.
El denunciante es un ex empleado del FBI y abogado colegiado, representado por el Government Accountability Project y David Laufman.
La denuncia se enmarca en un patrón alarmante en el que la Administración ha perseguido las afirmaciones infundadas de Trump a costa de la seguridad de los estadounidenses. Una revelación reciente y por separado, realizada por un denunciante, alega que los dirigentes del DHS y del USCIS desviaron abruptamente a los oficiales de inmigración de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS de sus funciones relacionadas con la seguridad nacional; en su lugar, les ordenaron emplear procedimientos ilegales y datos cuestionables para identificar a supuestos «votantes ilegales» y generar expedientes policiales federales en su contra, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses naturalizados. Asimismo, la Administración reasignó a analistas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) —quienes habitualmente se ocupan de asuntos penales— a un denominado «grupo de trabajo especial» (*tiger team*) con el único fin de investigar, vigilar y detener a estudiantes y otras personas basándose exclusivamente en sus opiniones políticas
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