Entiendo la frustración que impulsa la Proposición 40. Comparto las preocupaciones de nuestros aliados del sector laboral sobre la protección de la atención médica y los servicios esenciales en un momento en que las familias trabajadoras ya se encuentran bajo una enorme presión.
Sin embargo, el propio sector laboral está dividido respecto a la Proposición 40, y existen buenas razones para analizar detenidamente lo que esta medida podría significar más allá de los fondos que promete recaudar.
La Proposición 40 impondría un impuesto único del 5 por ciento sobre la riqueza de aquellos californianos que posean activos superiores a los mil millones de dólares. La mayor parte de esos fondos se destinaría a la atención médica, mientras que el resto apoyaría programas de asistencia alimentaria y educativos.
Se trata de inversiones valiosas. La cuestión es si esta es la forma adecuada de financiarlas.
El Analista Legislativo independiente de California señala que la medida podría recaudar decenas de miles de millones de dólares a corto plazo. No obstante, ese mismo análisis advierte que California podría llegar a perder cientos de millones de dólares anuales en ingresos fiscales continuos si algunos contribuyentes adinerados abandonan el estado o modifican su comportamiento financiero.
Esto es importante porque dichos fondos contribuyen a sostener el Fondo General y el sistema más amplio de programas y servicios del que dependen los californianos.
Así que seamos claros: no se trata de sentir lástima por los multimillonarios. A ellos no les faltará nada.
Se trata de proteger a las personas que sí se verían perjudicadas si tomamos una decisión política equivocada.
Durante décadas, quienes trabajamos en medios de comunicación dirigidos a la comunidad negra hemos visto cómo los debates sobre políticas públicas pasan de una crisis a otra. También hemos visto a las comunidades negras afrontar las consecuencias cuando las decisiones tomadas en Sacramento o Washington no contemplaban plenamente lo que sucedería dos, tres o cuatro movimientos más adelante.
Sabemos qué ocurre cuando desaparece la financiación: las organizaciones comunitarias pasan apuros, las pequeñas empresas pierden apoyo, los programas para jóvenes sufren recortes y se exige a las escuelas y a los gobiernos locales que hagan más con menos. Por lo general, las personas con menos recursos son las primeras en sufrir las consecuencias.
Esa experiencia histórica debería llevarnos a actuar con cautela antes de realizar cambios importantes en el sistema fiscal de California sin analizar el tablero en su conjunto. Si California considera que los multimillonarios deberían contribuir más, entonces entablemos esa conversación. No hay nada irrazonable en plantear si aquellas personas que se han beneficiado enormemente de la economía de California deberían contribuir más a su sostenimiento.
Sin embargo, debemos elaborar una política fiscal que sea bien meditada, sostenible y difícil de eludir. No debemos crear una solución temporal que pueda dejarnos frente a otro problema de recaudación de ingresos en el futuro.
Por eso también respeto a los representantes del sector laboral que apoyan la Propuesta 40, aunque yo haya llegado a una conclusión diferente. Ellos responden a preocupaciones muy reales sobre la atención médica y las personas que dependen de ella. Tales inquietudes no deben desestimarse.
Pero tampoco deben ignorarse los interrogantes legítimos sobre la Propuesta 40.
Con demasiada frecuencia, el discurso político nos dice que, si compartimos el objetivo, debemos aceptar también la solución propuesta. Así no es como funciona una política pública responsable.
Uno puede creer que es necesario proteger la atención médica y, al mismo tiempo, cuestionar el mecanismo propuesto para lograrlo.
Uno puede creer que los multimillonarios deberían pagar más y, a la vez, preguntarse si este impuesto en particular es la forma más inteligente de conseguirlo.
Y uno puede apoyar a los trabajadores y, simultáneamente, insistir en que California considere las consecuencias a largo plazo para todos los programas públicos de los que ellos dependen.
Debemos dejar de tratar las decisiones económicas complejas como una partida de damas, donde solo nos fijamos en el movimiento que tenemos justo delante.
Debemos jugar al ajedrez.
Hay que observar todo el tablero. Anticipar varias jugadas. Comprender qué sucede después de que se recauda y se gasta el primer cheque.
La cuestión que se plantea a los californianos no es si los multimillonarios pueden permitirse pagar más. Sí pueden.
La pregunta es si la Propuesta 40 es la manera adecuada de hacerlo y si tenemos la suficiente confianza en las consecuencias como para llevar a cabo un cambio de esta índole.
Nuestras comunidades no pueden permitirse que descubramos la respuesta demasiado tarde.
Leave a Reply