Por Quintella Griffin, redactora jurídica
Opinión y análisis documental | Parte 1 de 2
Esas cuatro palabras, que aparecen en el informe de un examinador de sucesiones, son el eje de una disputa en torno a una vivienda en Oakland, una transferencia de propiedad ordenada por el tribunal y la cuestión de si una ocupante recibió la notificación legalmente exigida antes de que un juez dictara su resolución.
El caso concierne a la sucesión de Laura Dean Head, una propiedad ubicada en el 3614 de Randolph Avenue y Zakiya Jendayi, cuyo nombre no figuraba en la lista de personas notificadas sobre una petición para incorporar dicho inmueble al patrimonio sucesorio.
El 8 de octubre de 2025, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Alameda, Sandra Bean, firmó una orden en la que declaraba que se habían realizado todas las notificaciones preceptivas. La orden estableció que la propiedad formaba parte del patrimonio sucesorio y autorizó las escrituras de transferencia.
Sin embargo, los registros judiciales plantean dudas sobre dicha conclusión.
La omisión de un nombre
El 6 de agosto de 2025, Phillip Campbell, administrador especial de la sucesión, presentó una petición ante el tribunal para que la vivienda fuera declarada parte del patrimonio sucesorio.
La lista de personas a notificar incluida en la petición mencionaba a las hermanas de Head y a su abogado, pero omitía a Jendayi.
En el comprobante de envío por correo, fechado el 22 de agosto, figuraban como destinatarios Daniel Leahy, Della Hamlin y Helaine Head. Jendayi, una vez más, no aparecía.
El 19 de septiembre, un examinador de sucesiones señaló una deficiencia, indicando «No consta la presentación de la notificación» en el apartado relativo a las notificaciones y cuestiones procedimentales. No obstante, la orden dictada por la jueza Bean en octubre afirmaba que «todas las notificaciones de la audiencia se han realizado conforme a lo exigido por la ley».
Esta discrepancia plantea una cuestión fundamental: ¿se cumplieron los requisitos de notificación cuando los registros de entrega omitieron a una ocupante?
Lo que exige la legislación de California
La sección 851 del Código de Sucesiones de California (California Probate Code) establece que, en el caso de peticiones relacionadas con determinadas disputas sobre bienes, tanto la petición como la notificación de la audiencia deben comunicarse —con al menos 30 días de antelación a la celebración de la misma— a personas específicas, entre las que se incluyen los ocupantes de la propiedad.
La ley no limita esta protección únicamente a los ocupantes que residen legalmente en el inmueble.
Asimismo, la sección 1000 del Código de Sucesiones dispone que, salvo que se indique lo contrario, resultan aplicables las normas de procedimiento civil. Campbell sostuvo que Jendayi no tenía derecho a recibir una notificación, ya que el fideicomiso que anteriormente le otorgaba un interés beneficiario había sido invalidado.
De la orden judicial a la transferencia de la propiedad
El 9 de diciembre de 2025, mediante una escritura de transmisión (*grant deed*), la propiedad pasó de Campbell —en su calidad de fideicomisario sucesor del fideicomiso en vida (*living trust*) de Head— a Campbell, en su calidad de administrador especial de la sucesión (*estate*) de la misma.
La transferencia se realizó entre capacidades fiduciarias, no como una compra a título personal. La propiedad pasó de estar bajo la titularidad del fideicomiso a formar parte de la administración de la sucesión.
El 24 de julio de 2026, Jendayi presentó una solicitud para anular la orden dictada por el juez Bean. Campbell se opuso a dicha solicitud, argumentando que el fideicomiso había sido invalidado.
La cuestión central era si el mero hecho de ocupar el inmueble otorgaba, por sí solo, el derecho a recibir las notificaciones exigidas por la ley.
Intervención de otro juez en el caso
El 8 de septiembre de 2026, la jueza Stephanie Sato emitió una resolución provisional en la que concluyó que la referencia a la «posesión» contenida en la Sección 851 no se limitaba únicamente a la posesión «legal» o «legítima».
La jueza Sato determinó que Jendayi tenía derecho a recibir una notificación, la cual Campbell no había proporcionado. Asimismo, dictaminó provisionalmente que la orden emitida por el juez Bean en octubre era nula y susceptible de ser anulada.
Tras esta resolución, Campbell impugnó la asignación de la jueza Sato y solicitó que el caso volviera a quedar bajo la competencia del juez Bean.
La controversia permaneció sin resolver, planteando dudas sobre si se omitió la notificación obligatoria antes de realizar la transferencia de la propiedad.
En la segunda parte: Después de que una jueza dictaminara provisionalmente la nulidad de la orden sobre la propiedad, el administrador de la sucesión impugnó su designación. Un tribunal de apelaciones intervino, planteando interrogantes sobre la reasignación de jueces y la rendición de cuentas.
El caso corresponde a la sucesión de Laura Dean Head (*Estate of Laura Dean Head*), tramitado ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda bajo el número de expediente RP20066047. Los registros están disponibles a través del portal público electrónico del tribunal (*eCourt Public Portal*).
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