Más de 100 manifestantes llenaron la sala de la Junta de Supervisores del Condado de Marin el 29 de septiembre, instando a los supervisores a considerar una ordenanza que restrinja las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Funcionarios del condado y del estado ya están impulsando algunas medidas que coinciden con las demandas que los manifestantes han planteado durante el último año.
“Quiero compartir que el subcomité de inmigración ha estado trabajando arduamente en la elaboración de una política importante para la junta, según lo indicado por la Junta de Supervisores”, dijo el ejecutivo del condado de Marin, Derek Johnson, refiriéndose a la política que impedirá el uso de propiedades del condado para actividades federales de control migratorio.
“Los recursos del condado nunca se utilizarán para promover el control migratorio federal”, dijo Johnson, refiriéndose a la política que aún está en desarrollo. “La política exigirá que todos los empleados del condado notifiquen al ejecutivo del condado dentro de las 24 horas siguientes a cualquier actividad de control migratorio de la que tengan conocimiento en propiedades del condado”.
Estos objetivos de la política coinciden con las dos disposiciones centrales propuestas por la Coalición No ICE en Marin, que llenó la sala en la reunión del martes.
Su propuesta de política, llamada ICE-Free Marin, prohíbe que ICE utilice propiedades, recursos o personal del condado sin una orden judicial y establece requisitos claros de reporte cada vez que el personal del departamento del condado observe o se comunique con las autoridades federales de inmigración. Estas interacciones pueden incluir la entrega de citaciones y órdenes judiciales, así como intentos de acceso a las instalaciones del condado.
La ordenanza “Marin Libre de ICE” exigiría al condado colocar letreros y barreras que impidan la entrada de ICE a las propiedades del condado. El personal del condado negaría la entrada a los funcionarios de ICE y se negaría a proporcionar información y asistencia. Si ICE desobedece las directivas, el asesor legal del condado solicitaría una orden judicial para detenerlos, y si ICE detiene ilegalmente a alguien, la detención puede ser impugnada ante los tribunales, según la ordenanza.
El año pasado, el grupo protestó por la participación del condado en el Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Delincuentes (SCAAP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en conjunto con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Los fondos del SCAAP se utilizan para reembolsar los costos incurridos por el encarcelamiento de inmigrantes sin estatus legal permanente que tienen al menos una condena por delito grave o dos por delito menor y que permanecen encarcelados durante un mínimo de cuatro días consecutivos.
En febrero, el condado anunció que su presupuesto para el período 2026-2028 no incluye fondos del SCAAP. El estado toma medidas para la protección de los inmigrantes
El 29 de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de más de 20 proyectos de ley destinados a aumentar la supervisión estatal de la aplicación de las leyes federales de inmigración y a proteger a las comunidades inmigrantes, según un comunicado de prensa de su oficina.
La legislación estatal establece un impuesto del 25% sobre los centros de detención privados, amplía la supervisión de la salud y la seguridad en dichos centros, exige una mayor participación pública y aprobaciones de planificación para nuevas instalaciones, y fortalece el papel del fiscal general del estado, Rob Bonta, en su inspección.
Las medidas también prohíben a las fuerzas del orden el uso de guantes de electrochoque, restringen el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, limitan el uso de propiedades estatales para operaciones federales de inmigración y exigen calcomanías de identificación temporal en los vehículos de alquiler utilizados por las fuerzas del orden.
La legislación amplía el acceso a los registros públicos relacionados con los centros de detención privados y restringe que los exfuncionarios federales de inmigración que hayan cometido faltas graves se conviertan en agentes del orden o empleados públicos de California.
Otras medidas permiten a las personas demandar a funcionarios federales por presuntas violaciones de sus derechos constitucionales y protegen a quienes se desplazan hacia y desde los juzgados de arrestos civiles por motivos de inmigración.
“Puede que no podamos dictar la política federal de control migratorio, pero podemos dejar claro que las actividades que se realicen en California estarán sujetas a la ley de California”, dijo el gobernador en un mensaje de video anunciando los proyectos de ley.
El grupo que lidera la campaña local para la ordenanza ICE-Free Marin es la organización Socialistas Democráticos de América (DSA). La portavoz de la DSA, Courtney Sadowski, dijo en un correo electrónico que el grupo ha hablado con los supervisores Eric Lucan, Mary Sackett, Dennis Rodoni y Stephanie Moulton-Peters.
“Pero ninguno se ha comprometido a presentar la ordenanza ICE-Free Marin”, dijo Sadowski.
El grupo ha asistido a numerosas reuniones de la Comisión de Supervisión Civil de la Oficina del Sheriff solicitando su apoyo, agregó.
“No podemos permitirnos esperar los meses o años que les tomaría revisar y considerar la ordenanza”. «…es el asunto», dijo ella. «Incluso si actuaran con mayor rapidez, lo único que pueden hacer es emitir una recomendación».
Intervenciones de los asistentes
Hector Garcia, especialista en bibliotecas comunitarias de la Biblioteca Pública del Condado de Marin (Marin County Free Library), se dirigió a los miembros de la Junta de Supervisores. Comentó que recientemente completó un riguroso proceso de certificación del Departamento de Justicia que le permitirá ofrecer servicios de inmigración en la biblioteca.
El programa de Reconocimiento y Acreditación permite que personal cualificado —que no ejerce como abogado pero trabaja para organizaciones sin fines de lucro elegibles— preste legalmente servicios de inmigración a personas de bajos recursos o indigentes que no pueden costear abogados particulares.
«Me resultaría imposible desempeñar esta labor con la presencia del ICE», afirmó Garcia. «Es una fuerza policial fascista que ignora la ley, aterroriza, asesina y separa a las familias de personas negras, indígenas y de color».
Lisa Bennett, de la Marin Rapid Response Network —una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias a localizar a parientes detenidos y ofrece otros servicios de apoyo—, señaló que las familias entran en estado de shock cuando detienen a la principal fuente de ingresos del hogar.
«Cuestiones básicas como el dinero para alimentos, los servicios públicos o incluso conducir dejan de estar garantizadas», dijo. «Les preocupan las necesidades médicas de sus padres. Temen ser los siguientes. Les angustia pensar qué pasaría si se llevaran al otro progenitor. Esto es lo que nuestro gobierno le hace a su propia gente. El silencio es complicidad».
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