OAKLAND — El Fiscal General de California, Rob Bonta, encabezó hoy una coalición de 26 estados, condados y ciudades que presentó una demanda contra la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para impugnar su norma final que debilita los estándares de consumo promedio de combustible (CAFE) para automóviles y camionetas ligeras nuevos. Históricamente, los estándares de la NHTSA han reducido los costos para los consumidores al mejorar la eficiencia del combustible de los vehículos, han ejercido presión a la baja sobre los precios de la gasolina al reducir el consumo de combustible, han protegido la economía estadounidense de las crisis petroleras mundiales y han reducido la contaminación de los tubos de escape y las refinerías. Sin embargo, la norma final debilita significativamente los estándares de consumo de combustible y perjudica a los consumidores y al planeta. En la demanda presentada hoy ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, el Fiscal General Bonta y la coalición alegan que la nueva norma de la NHTSA es contraria a la ley y que la NHTSA incumple su mandato del Congreso de establecer estándares de eficiencia de combustible en su nivel “máximo factible”. Lejos de ser “máximo factible”, los estándares regresivos de la NHTSA para los próximos cinco años exigen una eficiencia menor que la que la flota estadounidense alcanzó en 2021.
“El Presidente inició una guerra que ha generado volatilidad en los mercados petroleros, interrumpido el suministro energético mundial y dejado a familias y empresas pagando las consecuencias en las gasolineras. Sin embargo, la Administración Trump intenta debilitar los estándares de eficiencia de combustible y obligar a los estadounidenses a gastar miles de millones más en gasolina, contaminando el aire de nuestras comunidades”, declaró el Fiscal General Bonta. “Seamos claros: la Administración Trump hace esto para enriquecer a sus donantes de las grandes petroleras. California no se quedará de brazos cruzados; defenderemos los estándares de eficiencia de combustible que mantienen bajos los costos, protegen la salud pública y construyen un futuro mejor y sostenible”. En 1975, el Congreso promulgó la Ley de Política Energética y Conservación, que exige a la NHTSA establecer estándares de eficiencia de combustible “máximamente factibles” para vehículos nuevos, que reflejen la viabilidad tecnológica, la practicidad económica, el efecto de otras normas gubernamentales para vehículos motorizados y la necesidad de conservar energía. Para establecer estos estándares, la NHTSA primero modela el rendimiento de la flota actual y luego considera qué medidas adicionales, si las hubiera, podrían tomar los fabricantes para mejorar su eficiencia de combustible en los modelos futuros. En normativas anteriores, incluso durante la primera administración Trump, la NHTSA partió de una flota de referencia realista que incluía los millones de vehículos eléctricos que ya circulaban por las carreteras del país y basó los estándares de eficiencia de combustible en cómo las mejoras tecnológicas adicionales en los automóviles de gasolina podrían hacer que esa flota fuera más eficiente. La NHTSA nunca basó los estándares de eficiencia de combustible en “obligar” a los fabricantes de automóviles a producir más vehículos eléctricos ni en exigir a los consumidores que los compraran. La norma final malinterpreta la autoridad legal de la NHTSA y obliga indebidamente a la agencia a ignorar la presencia de millones de vehículos eléctricos en la flota nacional, lo que resulta en un análisis erróneo y distorsionado del nivel máximo de eficiencia de combustible que la industria automotriz puede alcanzar. En esencia, la novedosa reinterpretación de la ley por parte de la NHTSA deja sin efecto el programa federal de eficiencia de combustible, incapaz de proteger a los consumidores contra el aumento de los precios de la gasolina o la actual crisis petrolera mundial derivada de la guerra del presidente Trump.
La NHTSA también ha utilizado análisis defectuosos sobre la asequibilidad y las ventas de vehículos, la renovación de la flota, el ahorro de combustible y la seguridad vehicular para hacer que una norma profundamente perjudicial y destructiva parezca beneficiosa para la sociedad. Por ejemplo, la NHTSA intenta ocultar casi 220 mil millones de dólares en ahorros de combustible perdidos, dinero que los conductores habrían ahorrado en las gasolineras con las normas anteriores de eficiencia de combustible, lo que en cambio beneficiará a las grandes petroleras. Además, se niega a considerar cientos de miles de millones de dólares en daños futuros derivados de desastres causados por el cambio climático, ignorando la mejor evidencia científica e investigación y, en la práctica, restándoles valor a cero. Desafiando un mandato del Congreso, vigente desde hace mucho tiempo y reiteradamente reafirmado, la NHTSA sostiene que Estados Unidos no necesita conservar energía, considerando los altos precios de la gasolina y la inestabilidad de los mercados petroleros mundiales como un intercambio aceptable para las ganancias de las compañías de combustibles fósiles. Finalmente, la normativa de la NHTSA pondrá fin al programa de comercio de créditos CAFE en 2028, lo que perjudicará significativamente a las industrias de vehículos eléctricos que dan empleo a los californianos y sustentan nuestra economía.
En la demanda, el Fiscal General Bonta y la coalición alegan que la normativa final de la NHTSA es arbitraria y caprichosa, y viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Política Energética y Conservación.
El Fiscal General Bonta está comprometido con la defensa de los conductores, los consumidores y el medio ambiente. Este año, obtuvo una victoria clave después de que la Administración Trump desistiera de su intento de imponer condiciones a la financiación de subvenciones del Departamento de Transporte para el programa de ahorro de combustible de California. infraestructura de transporte era ilegal. Asimismo, colideró una coalición que presentó demandas contra la administración Trump por suspender ilegalmente dos programas bipartidistas de subvenciones destinados a infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Anteriormente, presentó un escrito de *amicus curiae* en defensa de las estrictas normas de eficiencia de combustible de la NHTSA bajo la administración Biden.
Al presentar esta demanda, el Fiscal General Bonta encabeza a los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como a la ciudad de Chicago, la ciudad y el condado de Denver, la ciudad de Nueva York y la ciudad y el condado de San Francisco.
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