Antonio Ray Harvey | California Black Media
El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB, por sus siglas en inglés) 2599, la “Ley de Verdad en la Divulgación” (Truth in Disclosure Act), presentado por el asambleísta Isaac Bryan (demócrata por Ladera Heights), fue promulgado por el gobernador Gavin Newsom. Con esto, California se convierte en el primer estado del país en exigir a las grandes corporaciones que revelen sus vínculos históricos y financieros con la esclavitud.
Las empresas que cumplan con los criterios establecidos deberán presentar sus hallazgos ante el Departamento de Derechos Civiles de California (California Civil Rights Department) mediante una declaración jurada, bajo pena de perjurio. Los primeros informes deberán entregarse a más tardar el 15 de enero de 2029.
Bryan comentó a California Black Media (CBM) que el gobernador Newsom esperó hasta el 30 de septiembre —la fecha límite constitucional— para firmar el AB 2599. Sin embargo, Bryan señaló que, una vez supo que el proyecto de ley se convertiría en ley, su inquietud disminuyó.
“Sí, esperó hasta el último día porque es un proyecto de ley importante, de gran envergadura. Fue una decisión que se tomó al límite, pero creo que, al final, ejercimos mucha presión y el gobernador entendió que era lo correcto”, afirmó Bryan.
Según el AB 2599, las empresas con ingresos brutos anuales a nivel mundial superiores a los 100 millones de dólares —que existían, o cuyas entidades predecesoras existían, antes o durante el 31 de diciembre de 1964— y que obtuvieron beneficios históricos del comercio de esclavos, deberán revisar sus registros en busca de pruebas de actividades comerciales vinculadas a la era de la esclavitud.
El Departamento de Derechos Civiles de California recopilará estas divulgaciones en una base de datos digital pública y consultable. Esto permitirá a académicos, periodistas, activistas y otras personas rastrear cómo la participación corporativa en la economía esclavista contribuyó a la riqueza actual.
“Esto es sumamente importante, ya que, si bien hemos debatido mucho sobre cómo debería ser la reparación o compensación por parte del sector público, apenas hemos abordado cómo debería ser la reparación por parte del sector privado”, concluyó Bryan. «Parte de la razón por la que no hemos entablado una conversación sobre en qué consisten la rendición de cuentas o la reparación es que desconocemos hasta qué punto se ha generado esa riqueza. Tenemos indicios anecdóticos, pero los datos no se han hecho públicos».
La Alianza para la Reparación, la Reconciliación y la Verdad (ARRT, por sus siglas en inglés) y sus organizaciones aliadas elogiaron al gobernador Newsom por promulgar la Ley de Verdad en la Divulgación (Truth in Disclosure Act).
Alrededor de 44 organizaciones respaldaron la campaña de la ARRT para la aprobación de esta ley, entre ellas California Black Power Network, Equal Justice Society, LA Voice, Faith in the Valley y Faith in Action East Bay.
La ARRT, una coalición multirracial y multisectorial compuesta por organizadores, defensores, expertos en políticas y líderes comunitarios, se dedica a promover un enfoque integral de las reparaciones para los californianos negros. La organización considera que la base de datos pública constituye una base importante para la transparencia y un paso hacia la sanación.
En una declaración del 1 de octubre dirigida a CBM, la ARRT señaló: «Las corporaciones tienen la responsabilidad moral y ética de alinear sus prácticas comerciales con los derechos humanos; es fundamental que reconozcan los beneficios financieros obtenidos gracias a sus vínculos históricos con la trata de personas y la esclavitud. Si bien aplaudimos al gobernador por estos importantes avances, la lucha por una reparación integral para los californianos negros aún no ha terminado».
Don Tamaki, abogado de derechos civiles con sede en Oakland y uno de los nueve miembros designados para el Grupo de Trabajo de California encargado de estudiar y desarrollar propuestas de reparación para los afroestadounidenses, también apoya el proyecto de ley AB 2599.
Tamaki, de origen japonés-estadounidense, afirmó que la legislación refleja recomendaciones específicas incluidas en el informe final del grupo de trabajo. Calificó la exigencia de que las corporaciones revelen sus vínculos históricos bajo juramento como un «primer paso fundamental hacia una rendición de cuentas plena».
El informe final (sobre reparaciones) señala que, si bien la esclavitud fue “el pecado original de nuestra nación”, la Proclamación de Emancipación no puso fin a las atrocidades y privaciones que sufrieron los afroestadounidenses», explicó Tamaki. «Nuestro informe revela la verdad sobre la historia. El proyecto de ley AB 2599 exige a las corporaciones que ellas también digan la verdad».
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